La soberanía como chicle

De tanto repetirse en boca de cualquier patriotero, el concepto de soberanía se ha convertido en goma de mascar. Como la famosa golosina, hace salivar en exceso y moja el mentón de los masticadores, en éxtasis ante esa palabra que les sirve para «sustanciar» sus peroratas.

Me pregunto siempre (juro que con la mayor buena fe) si acaso los patrioteros entenderán el alcance del concepto de soberanía. Si habrán leído los artículos constitucionales que los recogen y apellidan: soberanía popular y soberanía nacional; y si, habiéndolos leído, tendrán claro a cuál soberanía se refieren cuando, por ejemplo, instan a defenderla negándoles protección migratoria a los haitianos (lo de «extranjeros» es hipócrita eufemismo) en situación irregular que estén hospitalizados o siendo asistidos en emergencia.

Porque a este extremo hemos llegado.  Mirna López, diputada perremeísta por Santiago, lo planteó sin ambages al presentar un proyecto que busca «blindar» las actuales políticas migratorias para que ningún otro gobierno ose «diluirlas». Obviedad lamentable: la médico pediatra, que como buena cristiana ofreció a Dios su triunfo en las urnas, parece desconocer la naturaleza derogable de las leyes, y ni qué decir de los decretos. En lo que toca a conocimiento legislativo, nuestra iglesia congresual está en manos de Lutero.

Puesto que la Constitución es un contrato social, el pueblo, en quien «reside exclusivamente» la soberanía popular, puede elegir en el futuro autoridades que, distinto a las actuales, den respuestas eficaces al problema migratorio sin incurrir en la flagrante violación de derechos y al atropello a la dignidad de las personas de que estamos siendo testigos. Un experto en constitucionalismo diría, parafraseando a Jefferson, que la democracia pone freno al gobierno de los muertos sobre los vivos, por lo que en materia legislativa nada permanece indefinidamente en el tiempo.

El proyecto de López, todavía no disponible en la web de la Cámara, procura ir más allá de afianzar el protocolo migratorio de reciente adopción. Su pretensión, según lo dicho por ella, es taponar hasta el menor resquicio en las leyes que regulan el sector salud para que ninguna «implique la obligación de garantizar la permanencia migratoria de extranjeros indocumentados», verbigracia, la General de Salud.

Esta última ley establece que la atención a la salud no es exclusiva del sector público. De ahí que no ande descaminado quien interprete que la modificación de su artículo 2 juega con la idea de cazar inmigrantes en los centros del sector privado. Sin orden judicial, imagino, porque el trámite legal no entra en los cálculos de quienes inventan y reinventan pretextos para su ardor persecutorio.

Desde la perspectiva de la legalidad y los derechos, el proyecto tiene mucha tela para cortar. Y aunque no sea juicioso esperar que los diputados hagan caso omiso de este texto hijo de los vientos autoritarios, antihaitianos y filofascistas que hoy agitan a la sociedad y la política dominicanas, serviría que, por lo menos, alguna voz evite su aprobación unánime. Si ocurre, podríamos decir que no todo está perdido. Consuelo de tonto, ya lo sé.

Clotilde Parra

Aspirante a opinadora, con más miedo que vergüenza.